Preámbulo: La Constitución Política de la República Chile vigente a la fecha (Decreto 100 17/09/2005) incluye sólo una norma ambiental en relación a los derechos fundamentales (Capítulo III, Art. 19, N°8): “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, acompañada de un deber de protección: “Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza” y de una cláusula de restricción de derechos: “La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio  de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”. Al mismo tiempo, el Código Civil indica que son bienes nacionales de uso público aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda si, además, su uso pertenece a todos los habitantes de la nación. Dichos bienes se caracterizan por estar fuera del comercio y por lo mismo son imprescriptibles e inalienables (Art. 595).

Actualmente, la mayor parte de los conflictos socio-ambientales en Chile se focalizan en proyectos mineros, centrales termoeléctricas, contaminación, sobre-explotación de recursos naturales, relleno de humedales, entre otros. En términos generales, la norma ambiental en la Constitución actual no solo resulta un asunto casi decorativo e ineficaz, sino que no tiene prioridad sobre otros derechos contrapuestos y priorizados y que se fundamentan en interés económicos por sobre los ambientales y, por lo tanto, por sobre los sociales tanto en el presente como en el futuro. En tiempos recientes, Chile ha generado un importante número de marcos normativos y regulaciones ambientales que contribuyen a proteger el medio ambiente, pero sin duda hay muchísimo más por avanzar.

La creación de un pacto socio-ambiental en Chile representa un compromiso ineludible si pretendemos vivir en un sistema democrático y sustentable libre de una visión privatizadora de la naturaleza, respetando y conservando el ambiente y los recursos naturales, los pilares fundamentales de nuestras vidas.

Algunas de nuestras razones son:

  • CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD. El conocimiento de la importancia de la biodiversidad en Chile y su valoración social son muy escasas. Para muchos grupos de organismos sabemos poco o nada de su magnitud, dónde se encuentra y cuál es su estado de conservación. La Educación Ambiental indica que: Lo que no se conoce, no se quiere. Lo que no se quiere, no se defiende. Chile ha demorado en demasía la creación del Sistema Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), pero, paradójicamente, cuenta con un número importantes de áreas protegidas en todas las cuales se pretende proteger la biodiversidad. Cuánto es la magnitud de la biodiversidad que se ha perdido en Chile es una incógnita demasiado relevante para el país.

 

  • PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. Los ecosistemas naturales como fuentes de servicios fundamentales a la humanidad no son valorados suficientemente en Chile. Las fuentes de alimentos que disponemos, la disponibilidad del oxígeno que respiramos, el agua que bebemos y que utilizamos para cultivar alimentos, la regulación del clima, los espacios que proporcionan recreación y muchos otros servicios son provistos por nuestros ecosistemas naturales. Las intervenciones humanas sobre el ambiente están afectando intensamente la salud e integridad de nuestros ecosistemas naturales y, con ello, alterando negativamente sus servicios a la humanidad. Nos vemos ante una eliminación demasiado rápida y extensa de paisajes y ecosistemas endémicos efecto de actividades silvo-agro-pecuarias e industriales, provocando también la pérdida de identidad socio-cultural de las comunidades, no solamente en zonas rurales. En Chile, los sistemas de vigilancia de variables ambientales críticas, que no sean los de calidad del aire en las grandes urbes del país, son inexistentes. Considerando los servicios que prestan los ecosistemas a la vida humana debemos adoptar medidas para reducir el riesgo de su perdida.

 

  • ACCESO AL AGUA. El agua es una fuente fundamental de vida en el planeta. En consecuencia, el acceso al agua debe ser un derecho humano fundamental intransable en Chile. Al mismo tiempo, es un aspecto crítico de incluir en las acciones de conservación de ecosistemas terrestres (glaciares, cuencas hidrográficas, ríos, etc) y costeros (estuarios, bahías, desembocaduras). Por ejemplo, en Chile los ríos alcanzan actualmente una protección de <1% y las consecuencias de su no-protección debe ser evaluada no solo desde el punto de vista local sino también desde una perspectiva global. Debemos proteger el agua con una visión eco-sistémica, no como un bien productivo sino como un bien social, priorizando a la gente y la mantención de la biodiversidad por sobre lo privado-productivo.

 

  • RECURSOS NATURALES: USO SUSTENTABLE Y CON VALOR AGREGADO. Las sociedades humanas basadas en economías no sustentables no sobreviven. El uso del agua, de los recursos minerales y biológicos debe decidirse con participación ciudadana. Es necesaria una política que incentive la producción local y la adición de valor agregado. Nuestra seguridad alimentaria, así como muchas economías y sustentos locales dependen de lo anterior.

 

  • ORDENAMIENTO TERRITORIAL INCLUSIVO. El ordenamiento territorial en la nación requiere de una gobernanza inclusiva y diversa. El derecho constitucional a la propiedad privada ha creado en Chile una parte importante de las desigualdades existentes en la población así como de la alta segregación social en el uso de tales territorios. Esto incluye muy especialmente a los pueblos originarios, sobre los cuales se ha actuado sin valorar en forma justa sus contribuciones culturales a la nación y, por ende, se le aísla en territorios cada vez más acotados espacialmente. Esto se extiende desde las montañas a la zona costera, creando conflictos socio-ambientales por falta de planificación en el uso de territorios.

 

  • ACCESO AL GOCE DE LA NATURALEZA. El derecho de acceso público a la naturaleza en Chile no es reconocido ni valorado. Chile se precia de ser un país con enorme potencial turístico-recreacional-cultural en base a sus recursos naturales de alto valores escénico y estético, como son las montañas, los lagos, las islas, los ríos. Estos paisajes naturales conforman nuestra identidad cultural, social y comunitaria. Adicionalmente existe evidencia científica de la relación de los beneficios potenciales del contacto con la naturaleza y salud mental. En general acceder a estos lugares, (excepto por aquellos definidos como áreas protegidas), se ha tornado cada vez más prohibitivo toda vez que existen derechos de propiedad sobre estos recursos. Creemos que el goce de la biodiversidad debe ser un derecho de bien común que prime sobre interesases privados y/o particulares.

 

  • EN FORZAMIENTO DE VIDA LIBRE DE CONTAMINACIÓN. El ambiente libre de contaminación, un derecho consagrado en la constitución, no se cumple en Chile. Los estándares de calidad ambiental recomendados por la Organización Mundial de las Salud (OMS) para proteger la salud, la vida y la calidad de vida no son reconocidos en Chile. La contaminación atmosférica que existe en las llamadas zonas de sacrificio en Chile representa casos extremos de la vulneración del derecho constitucional que debe ser velado por el Estado. A nivel regional, la Bahía de Concepción y la Bahía de San Vicente se están transformando en Zonas de Sacrificio por las múltiples actividades que se desarrollan dentro de ellas (portuarias, pesqueras, descarga de emisarios submarinos, uso del borde costero por crecimiento urbano) debido a la falta de una legislación que propenda al Desarrollo Costero Integrado (DCI) como enfoque de planificación urbana.

 

  • ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. Necesitamos legislación en torno a introducir flexibilidad en torno a los sistemas productivos y medidas de mitigación que reduzcan la vulnerabilidad de los ecosistemas naturales y humanos. Por ejemplo, en el sector agrícola es necesario incentivar cultivos con mayor eficiencia en el uso de agua. También por ejemplo zonificar los lugares donde esta será factible de crecer con menor coste de pérdidas de ecosistema naturales. De hecho, es necesario buscar políticas públicas y planes de manejo que tiendan a la restauración de las cubiertas arbórea y mantención de los humedales, que sirven como válvula de escape frente a acontecimientos, por ejemplo, relacionados con tormentas e inundaciones que se sabe se incrementaran por efecto del cambio climático.

 

Créditos:

En el presente documento, trabajaron los siguientes académicos de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, de la Universidad de Concepción, Dres: Lohengrin Cavieres, Erasmo Macaya, Carmen Morales, Allisson Astuya, Cristián Hernández, Marcus Sobarzo, Osvaldo Ulloa, Enrique Rodríguez, Eduardo Tarifeño y
Götz Palfner.